Normativa de transporte

Decreto_173_2001 (1)

Las principales leyes del sector del transporte son la Ley N° 105 de 1993 y la Ley N° 336 de 1996.

El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de la formulación de las políticas del Gobierno en materia de tránsito, transporte y la infraestructura del sector y, con excepción del sector del transporte aéreo, la regulación del sector (Artículo 5, Ley N° 105 de 1993 y artículo 6, Decreto N° 2053 de 2003).

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) es responsable de la ejecución de las políticas relativas a la infraestructura marítima y la infraestructura no concesionada de la red de carreteras de su competencia y de las redes férrea y fluvial (Artículo 1, Decreto N° 2056 de 2003).

El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) está a cargo de la estructuración y administración de las concesiones de carreteras, fluviales, marítimas, portuarias y férreas (Artículo 2, Decreto N° 1800 de 2003).

La Superintendencia de Puertos y Transporte ejerce las funciones de inspección, control y vigilancia del sector, excepto del transporte aéreo (Artículo 3, Decreto N° 1016 de 2000).

La Dirección General Marítima (DIMAR), dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, participa en la formulación de la política del transporte marítimo y en su ejecución en coordinación con el Ministerio de Transporte. Además cuenta con facultades relativas a la regulación técnica, coordinación y control de las actividades marítimas (Artículo 4, Decreto N° 2324). DIMAR ejerce este control a través de las capitanías de puerto o directamente a través de su Director General.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, AEROCIVIL, regula, administra, vigila y controla el uso del espacio aéreo. Además, reglamenta y supervisa la infraestructura y las concesiones aeroportuarias (Artículo 3, Decreto N° 260 de 2004).

INVIAS, INCO, la Superintendencia de Puertos y Transporte y AEROCIVIL son entidades adscritas al Ministerio de Transporte y cuentan con autonomía administrativa y financiera.

Los organismos de transporte de las entidades territoriales (departamentos y municipios) también cuentan con facultades relativas a la organización, vigilancia y control de las actividades de transporte en sus respectivas jurisdicciones (Artículo 8, Ley N° 336 de 1996).

Servicios de Transporte Marítimo

El acceso al mercado de transporte marítimo internacional está sujeto al principio de reciprocidad (Artículo 46, Decreto N° 804 de 2001). Para aplicar este principio, el Ministerio de Transporte está facultado para imponer medidas que restrinjan el acceso de empresas de determinados países al mercado de transporte marítimo internacional de Colombia, en coordinación con DIMAR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Al evaluar la necesidad de imponer medidas, el Ministerio de Transporte debe atender «los intereses nacionales en materia de comercio internacional» (Artículo 49, Decreto N° 804 de 2001).

La Decisión N° 390 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que modificó algunos artículos de la Decisión N° 314, establece mecanismos para que Colombia y los demás países miembros de la Comunidad Andina puedan actuar de manera conjunta frente a terceros países que discriminen en contra de empresas de transporte marítimo de uno o más países miembros.

El acceso al mercado de transporte marítimo de cabotaje está limitado a empresas constituidas por personas naturales con domicilio principal en Colombia o por personas jurídicas constituidas en Colombia. En ambos casos, la empresa debe contar con al menos una nave de bandera colombiana. En principio, los servicios de cabotaje deben prestarse en naves de bandera colombiana. Las empresas pueden arrendar o fletar naves de bandera extranjera para determinados viajes, siempre y cuando obtengan la autorización de DIMAR (Artículo 26, Decreto N° 804 de 2001).

Para que una nave tenga derecho a ostentar la bandera colombiana, debe estar inscrita en el libro de matrículas que mantienen las capitanías de puerto. El Código de Comercio limita la propiedad de una nave comercial matriculada en Colombia a nacionales colombianos (Artículo 1458). Sin embargo, esta limitación es inaplicable, ya que, como lo determinó el Consejo de Estado, resulta contraria a los principios consagrados en los artículos 13 y 100 de la Constitución. El capitán, los oficiales, y el 80 por ciento del resto de la tripulación de las naves de bandera colombiana deben ser de nacionalidad colombiana (Artículo 99, Decreto N° 2324 de 1984).

El Decreto N° 804 de 2001 define a una empresa colombiana de transporte marítimo como «la persona natural con domicilio principal en Colombia o la persona jurídica, constituida bajo las normas colombianas, debidamente habilitada y con permiso de operación”. El Código de Comercio establece que la participación del capital extranjero en las «empresas nacionales marítimas» no puede ser superior al 40 por ciento (Artículo 1426). El Consejo de Estado determinó que esta disposición no se encuentra en vigor, «toda vez que fue derogad[a] en forma tácita por la ley 9 de 1991, por resultar incompatible con los dispuesto en el artículo 15 de esta ley, que además es posterior y especial…».

Para prestar servicios regulares de transporte marítimo se debe contar con una habilitación y permiso de operación emitido por DIMAR. Este requisito se aplica tanto a las empresas nacionales como a las extranjeras. La habilitación y permiso de operación tienen vigencia indefinida y se otorgan para clases determinadas de servicios, es decir servicios de transporte general, transporte en contenedor, transporte de pasajeros y transporte mixto;  no son transferibles. La habilitación y permiso de operación se otorgan de manera automática y los requisitos para obtenerla están contenidos en el Artículo 11 del Decreto N° 804 de 2001. La legislación establece un plazo de 90 días a partir de la fecha de la solicitud para que DIMAR otorgue la habilitación y permiso de operación (Artículo 8, Decreto N° 804 de 2001). Los prestadores de servicios no regulares de transporte marítimo deben solicitar a DIMAR una autorización por cada viaje que realicen a un puerto colombiano.

Las empresas extranjeras que ofrezcan servicios de transporte marítimo en Colombia deben contar con un representante en Colombia. Toda nave de bandera extranjera que arribe a un puerto colombiano debe contar con un agente marítimo (Artículo 1455, Código de Comercio).

Las conferencias marítimas que comprenden puertos colombianos deben permitir el libre ingreso de empresas colombianas y permitir a sus partes la modificación independiente de las tarifas (Artículos 36 y siguientes, Decreto N° 804 de 2001). Las conferencias deben además nombrar un representante en Colombia, quien debe estar acreditado ante DIMAR. Es necesario registrar las conferencias y sus tarifas ante DIMAR. DIMAR puede rechazar la solicitud de registro si: la empresa colombiana que participa en el acuerdo no recibe trato recíproco en los países de las demás partes; el acuerdo prohíbe a una de las partes la prestación de servicios desde o hacia puertos colombianos; y si la Superintendencia de Industria y Comercio determina que el acuerdo puede resultar contrario a las disposiciones sobre competencia.

Las empresas de transporte marítimo que presten servicios en Colombia deben registrar sus tarifas ante DIMAR (Artículo 42, Decreto N° 804 de 2001). DIMAR puede presentar objeciones a las tarifas.

La Ley N° 1 de 1991 permite la creación de sociedades portuarias regionales para construir, mantener y operar puertos, terminales portuarios o muelles, y para prestar servicios portuarios y servicios marítimos auxiliares. Las sociedades portuarias regionales necesitan una concesión para operar. Las concesiones se otorgan por un período de 20 años, renovable por períodos de hasta 20 años.  La legislación no establece restricciones relativas a la participación del capital extranjero en las sociedades portuarias regionales. La legislación prohíbe el otorgamiento de subsidios a las sociedades portuarias regionales. Los términos para otorgar las concesiones a las sociedades portuarias regionales de Tumaco, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta establecieron que la participación estatal en el capital de estas sociedades no podía exceder de 30 por ciento (Artículo 9, Resolución (Superintendencia General de Puertos) N° 0113 de 1992).

Las sociedades portuarias regionales pueden permitir que otras empresas presten servicios portuarios y marítimos auxiliares dentro de sus instalaciones. Las sociedades portuarias regionales y los prestadores de servicios portuarios y de servicios marítimos auxiliares deben ofrecer sus servicios de manera no discriminatoria y deben abstenerse de toda práctica que tenga «la capacidad, el propósito o el efecto» de limitar la competencia (Artículo 1, Ley N° 1 de 1991).

Las naves de bandera extranjera no pueden ofrecer servicios portuarios en los espacios marítimos jurisdiccionales de Colombia (Artículo 38, Decreto N° 1423 de 1989). Sin embargo, DIMAR puede autorizar la prestación de estos servicios con una nave de bandera extranjera si no existen naves de bandera colombiana capaces de prestar el servicio. La autorización se otorga por seis meses, y puede extenderse hasta un período total máximo de un año.

Servicios de Transporte Aéreo

Las aerolíneas extranjeras pueden prestar servicios de transporte aéreo internacional desde y hacia Colombia de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por Colombia (Artículo 1870, Código de Comercio). En ausencia de un acuerdo internacional, AEROCIVIL puede autorizar a una empresa extranjera para prestar servicios internacionales, siempre y cuando el país de origen de dicha aerolínea ofrezca «una adecuada reciprocidad» a las aerolíneas colombianas y tomando en cuenta factores como «las conveniencias nacionales», la seguridad pública y los «intereses económicos del transporte aéreo» (Artículo 1870, Código de Comercio y numeral 3.6.3.3.2.2, Reglamentos Aeronáuticos de Colombia). Las aerolíneas extranjeras con permiso de operación deben contar con un representante domiciliado en Colombia.

Colombia ha suscrito acuerdos internacionales en materia de transporte aéreo con:  Alemania, Antillas Francesas, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, México, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suiza, Surinam, Uruguay y Venezuela (Los acuerdos con Bélgica y Luxemburgo abarcan exclusivamente los servicios de carga). El acuerdo con Venezuela es el único que establece el derecho mutuo de tráfico de quinta libertad sin restricciones geográficas.

En virtud de la Decisión 582 de la Comunidad Andina, los países miembros se comprometieron a concederse mutuamente el derecho de tráfico de quinta libertad dentro de la Comunidad Andina en vuelos regulares de pasajeros. Este derecho también se concede para operar vuelos no regulares de pasajeros, siempre y cuando no existan servicios aéreos regulares entre los puntos para los cuales se concede el derecho. La Decisión N° 582 también prevé que los países miembros se concedan derechos de tráfico de quinta libertad para los vuelos no regulares de carga entre los países miembros y terceros países (Artículo 10, Decisión N° 582).

El transporte aéreo de cabotaje está reservado a las aeronaves colombianas (Artículo 1785, Código de Comercio). Para ser considerada de nacionalidad colombiana, una aeronave debe estar inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional. El Código de Comercio establece que la participación del capital extranjero en las «empresas nacionales aéreas» no puede ser superior al 40 por ciento. El Consejo de Estado determinó que esta disposición no se encuentra en vigor, toda vez que fue derogada en forma tácita por la Ley N° 9 de 1991.  En virtud de dicha ley no se aplica la disposición de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia que estipula que sólo pueden formar parte del Registro Aeronáutico Nacional las aeronaves cuya «propiedad real» y «control efectivo» pertenezcan a nacionales colombianos o empresas domiciliadas en Colombia que no cuenten con más del 40 por ciento de capital extranjero (Numeral 3.4.3).

Aunque la política de acceso al mercado nacional ha sido objeto de una liberalización gradual en años recientes, todavía se establece un número máximo de operadores para las rutas de pasajeros. A partir de marzo de 2005, los límites son los siguientes: hasta seis operadores para las rutas con más de 400.00 pasajeros al año; hasta cinco operadores para las rutas menos de 400.000 y más de 100.000 pasajeros al año; y hasta tres operadores para las rutas con menos de 100.000 pasajeros al año.

El 90 por ciento de los trabajadores de una empresa de transporte aéreo colombiana debe ser de nacionalidad colombiana. El comandante de una aeronave colombiana debe ser de nacionalidad colombiana. Las agencias o sucursales en Colombia de una empresa extranjera deben cumplir con este requisito, al menos que el país de origen de la empresa extranjera no imponga restricciones similares a empresas colombianas, o que AEROCIVIL identifique «causas debidamente justificadas» (Artículo 1803, Código de Comercio).

AEROCIVIL autoriza los vuelos no regulares nacionales o internacionales en la medida en la que no constituyan una «competencia indebida» a los servicios regulares (Numeral 3.6.3.5.5., Reglamentos Aeronáuticos de Colombia).

Toda empresa (nacional o extranjera) que ofrezca servicios aéreos regulares o no regulares en Colombia debe obtener un permiso de operación emitido por AEROCIVIL. Los permisos de operación se otorgan para rutas determinadas (Artículo 1859, Código de Comercio). Los requisitos para obtener el permiso están contenidos en los Reglamentos Aeronáuticos e incluyen requisitos mínimos de capital (Los requisitos para obtener el permiso de operación están contenidos en el numeral 3.6.3.2.2. y siguientes). Previo a la emisión de un permiso de operación, AEROCIVIL debe realizar una audiencia pública que garantice «el adecuado análisis de la necesidad y conveniencia del servicio propuesto».

Las aerolíneas deben registrar sus tarifas y condiciones ante AEROCIVIL, que debe aprobarlas en base a criterios definidos en las resoluciones correspondientes. Las tarifas para los servicios internacionales de carga están sujetas a techos.

El Código de Comercio permite que el Gobierno otorgue subvenciones a la industria aérea (Artículo 1853, Código de Comercio). En relación con esta disposición, el Consejo de Estado determinó que el Gobierno podía subvencionar únicamente a las empresas de transporte aéreo públicas, no a las privadas.

AEROCIVIL está facultada para otorgar en concesión la administración de los aeropuertos del Estado a «entidades especializadas» o «asociaciones regionales» (Artículo 48, Ley N° 105 de 1993). La participación estatal en las sociedades a las que se les otorguen las concesiones no puede ser superior al 50 por ciento. La legislación no establece límites a la participación extranjera en las empresas que reciban en concesión la administración de un aeropuerto.

Las empresas que deseen ofrecer servicios de apoyo relacionados con el transporte aéreo necesitan solicitar un permiso de funcionamiento a Aerocivil (Numeral 3.7.3., Reglamentos Aeronáuticos de Colombia). Los permisos de funcionamiento se expiden por tres años y son renovables. Los requisitos para obtener este permiso están contenidos en los Reglamentos Aeronáuticos (Numeral 3.7). Los talleres aeronáuticos deben cumplir requisitos de capital mínimo. La legislación no limita la participación del capital extranjero en las empresas que ofrecen servicios de apoyo en Colombia. Los despachadores que trabajen para las empresas que ofrezcan servicios de despacho de aeronaves deben ser de nacionalidad colombiana (Numeral 3.7.3.5., Reglamentos Aeronáuticos de Colombia).Decreto 260 de 2004Decreto 1016 de 2000Decreto 1800 de 2003Decreto 2053 de 2003Decreto 2056 de 2003Decreto 2324 de 1984Ley 105 de 1993Ley 336 de 1996